México enfrenta un problema estructural: una justicia lenta, costosa y saturada. Según el INEGI, apenas existen cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, muy lejos del estándar recomendado por la OCDE, que es de dieciséis. Este déficit se traduce en juicios que duran años, gastos desproporcionados y desconfianza ciudadana.
Frente a ese laberinto judicial, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se presentan como una vía prometedora. No son nuevos, pero con la Ley General publicada en enero de 2024, adquieren un marco integral que busca uniformar su aplicación en todo el país, incluyendo materias administrativas. En teoría, los MASC son el puente entre la justicia formal y la justicia posible.
La justicia del acuerdo
Los MASC —negociación, mediación, conciliación y, en ciertos casos, arbitraje— parten de una idea sencilla: resolver diferencias sin acudir a juicio, fomentando la autocomposición y la responsabilidad de las partes. La figura del facilitador o mediador certificado cobra aquí un papel central: garantizar imparcialidad, confidencialidad y equilibrio entre las partes.
La ley parte de siete principios esenciales: voluntariedad, buena fe, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, flexibilidad y legalidad. No se trata solo de evitar tribunales; se trata de restaurar confianza en el diálogo como medio de justicia.
En materia administrativa, el actor clave será el Centro Público del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), encargado de certificar facilitadores, validar acuerdos y otorgarles fuerza de cosa juzgada —es decir, valor equivalente a una sentencia firme—. Una innovación relevante en un país donde el “tiempo judicial” suele costar más que el daño mismo.
Del pleito al acuerdo
En el ámbito público, los MASC podrían transformar la relación entre autoridades y ciudadanos, sustituyendo el clásico “nos vemos en los tribunales” por mesas de negociación reguladas.
Su potencial es evidente: acuerdos más rápidos, menor carga para los tribunales y relaciones menos hostiles entre empresas y gobierno.
Como señaló Óscar López Pascual, “es difícil para la autoridad sentarse a negociar o ceder”, pero recordó que existen antecedentes donde sí lo han hecho, como los Acuerdos Conclusivos y Quejas en PRODECON, los procesos de conciliación en PROFECO, o los MAP (Mutual Agreement Procedure) aplicados por el SAT. Desde su punto de vista, será difícil al principio, pero inevitable en el mediano plazo: “se regulará y lo harán; y si no, las reglas particulares tendrán que buscar la forma de involucrar a las autoridades”.
Esa reflexión resume bien el desafío cultural: aprender a negociar sin debilitar la autoridad ni sacrificar el interés público.
Luz y sombras de la nueva ley
La Ley General de MASC establece bases sólidas, pero deja zonas grises. Una de ellas es la materia fiscal: no queda claro si los mecanismos pueden aplicarse para discutir impuestos o resoluciones del SAT.
El texto no prohíbe expresamente su uso, como sí lo hace en materias específicas —Comercio Exterior, Responsabilidad de Servidores Públicos o Agrario—, pero deja abierta una posible limitación al señalar que estos mecanismos no aplicarían en casos que afecten programas públicos o en controversias con la Administración Pública en supuestos determinados.
Esto podría interpretarse como una restricción sobre los elementos de la contribución (tasa, base o sujeto), sin impedir su aplicación en el ámbito general de la materia fiscal, como la valoración de hechos o pruebas.
De ahí que el alcance real de los MASC en asuntos fiscales dependerá de la certeza que establezcan las normas secundarias y del grado en que las autoridades hacendarias asuman el diálogo como instrumento legítimo de solución.
Otro reto es cultural.
México no tiene una tradición consolidada de mediación: el litigio sigue siendo sinónimo de defensa y “ganar el pleito” aún pesa más que “resolver el problema”. Sin un cambio de mentalidad, incluso la mejor ley puede quedarse en letra muerta.
Claves y riesgos
- Clave: Los MASC reducen costos y tiempos judiciales.
- Riesgo: Su éxito depende de la voluntad de las autoridades y la capacitación de facilitadores.
- Clave: Ofrecen una justicia más accesible.
- Riesgo: Falta infraestructura y recursos en los centros públicos para operar plenamente.
- Clave: Abren un nuevo espacio para la negociación administrativa.
- Riesgo: Ambigüedad legal en temas fiscales y de orden público puede frenar su aplicación.
El horizonte incierto
La nueva ley llega en un momento de debate sobre la reforma judicial y la eventual reestructuración del TFJA, justo la institución que alberga el Centro Público de MASC.
La paradoja es evidente: mientras México intenta construir una justicia más ágil, podría estar desmontando el andamiaje institucional que la haría posible.
Por ahora, los MASC son una promesa en construcción.
Representan una oportunidad para que empresas, ciudadanos y gobierno aprendan a resolver conflictos con inteligencia y cooperación, antes que con sentencias y desgaste.
Pero su éxito dependerá menos de las leyes que de la cultura del acuerdo y la confianza en el diálogo.
Si esa semilla germina, los MASC no solo aliviarán la justicia lenta: podrán humanizarla.
